Personas defensoras del ambiente y los territorios: cuando defender la tierra puede costar la vida

Larraitz Lexartza — Fundación Acceso

En las últimas décadas la defensa de la tierra y el ambiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Esta es la conclusión que arrojan numerosos informes realizados por diferentes instancias dedicadas a dar seguimiento a la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el mundo.

Según Front Line Defenders (FLD) en 2018, 321 personas defensoras fueron asesinadas. Entre ellas, más de tres cuartas partes (77%) eran activistas que “defendían derechos a la tierra, el medio ambiente y/o los pueblos indígenas” (1). Además, una gran parte de estas personas eran indígenas (2).

La defensa del ambiente y el territorio en Centroamérica

La cifras para América Latina dan cuenta de un alarmante escenario que se agrava en la región centroamericana. Así, se estima que el 60% de estos asesinatos ocurren en esta región (3) y que son países centroamericanos, como Honduras o Nicaragua, los que presentan las tasas de asesinato de personas defensoras del ambiente y de la tierra más elevadas del mundo (4). Según Global Witness, desde 2010 en Honduras han sido asesinadas 128 personas. Esto implica que en esta década Honduras ha sido el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras del ambiente per cápita del mundo. En consecuencia, se considera que este es el país donde quienes realizan este tipo de defensoría están en mayor riesgo (5). Por otro lado, también Nicaragua presenta un alto porcentaje de asesinatos per cápita, al punto que en 2016 (6) y 2017 (7) superó la tasa anual hondureña.

La situación en Honduras se agravó tras el golpe de Estado de 2009. A partir de ese momento se incrementaron las agresiones a personas defensoras en general y a las defensoras de los territorios y el ambiente en particular. Esta tendencia coincide en el tiempo con la proliferación de la concesión, por parte del gobierno Hondureño, de permisos para la realización de proyectos hidroeléctricos y de minería. Concretamente, después del golpe de Estado se otorgaron permisos para la construcción de 47 represas con el fin de abastecer nuevos proyectos mineros en el país (8). De hecho, en 2015 existían 593 concesiones mineras, lo cual implica que un 0,86% del territorio nacional estaba concesionado para este tipo de proyectos. Según, algunas proyecciones dicho porcentaje podría crecer hasta el 3,93% en los próximos años (9).

La gravedad de la situación que enfrentan quienes defienden el territorio y el ambiente en Honduras alcanzó una repercusión internacional inédita tras el asesinato de la indígena lenca Berta Cáceres en 2016. Sin embargo, a pesar de la presión nacional e internacional, hasta la fecha los autores intelectuales del crimen no han sido enjuiciados (10).

En el caso de Nicaragua, buena parte de los asesinatos registrados en los últimos años también están vinculados con el desarrollo de megaproyectos extractivistas. Concretamente, muchos de los procesos de defensa y resistencia han estado vinculados a la oposición al proyecto de construcción del canal interoceánico que partiría en dos el país e implicaría la expulsión de sus tierras de más de 120.000 personas indígenas (11).

Por otro lado, la situación en Centroamérica no es alarmante solo debido a las elevadas tasas de asesinato en los países ya señalados. También resulta muy preocupante el hecho de que este tipo de asesinatos ocurran en general en todos los países de la región, con altas cuotas de impunidad. La situación en países como Costa Rica da cuenta de ello. En ese país en la última década han sido asesinadas al menos 4 personas defensoras del ambiente y de la tierra. Además, tres de estos asesinatos - ocurridos entre 2011 y 2014 - permanecen impunes o se han denunciado graves irregularidades en los procesos de investigación judicial (12). De hecho, en 2014 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, John H. Knox, recomendó a Costa Rica la creación de una comisión “con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección” (13).

En el caso del asesinato más reciente - el del dirigente indígena bribri Sergio Rojas, perpetrado en marzo de 2019 – la investigación es aún incipiente. Sin embargo, numerosas organizaciones de la sociedad civil han manifestado el temor de que quede en la impunidad, debido al contubernio que se ha evidenciado en los últimos años entre quienes amenazaban al defensor y las autoridades locales (14).

La mayoría de los casos registrados en los diferentes países comparten además el hecho de que estas personas defensoras han enfrentado, previo a su asesinato, fuertes campañas de desprestigio y criminalización. Se trata de un estrategia dirigida a limitar el poder y frenar las acciones de las personas defensoras y de las organizaciones. Según señala la CIDH estos procesos de criminalización implican con frecuencia un uso indebido del derecho penal con el fin de “controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos” (15). Puede implicar la presentación de denuncias falsas o la prolongación excesiva de los procesos y la aplicación de medidas cautelares. Además, en muchas ocasiones estos procesos de criminalización se acompañan de acciones previas, como declaraciones de altos funcionarios con acceso a medios de comunicación masivos que acusan a las personas defensoras de cometer delitos, buscando así su deslegitimación (16).

El proceso de desligitimación y criminalización que enfrentó Berta Cáceres durante la defensa del río Gualcarque y la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, da cuenta de esta situación. En 2013, Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), denunció en declaraciones a prensa televisiva que las estrategias del COPINH y de Berta Cáceres tenían como objetivo dañar la imagen del país en el exterior con el fin de impedir la realización de proyectos esenciales y de generar violencia (17). Asimismo, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez instó a sus feligreses a no organizarse en el COPINH y a no escuchar los medios de comunicación promovidos por esta organización, como la radio Voz Lenca (18). Por otro lado, un estudio de las interacciones en twitter realizado por la investigadora Erin Gallagher reveló que desde cuentas falsas se realizó una campaña de desprestigio contra la defensoras, tres meses antes de su asesinato (19). Dicho estudio identificó varias decenas de cuentas falsas, creadas prácticamente de manera simultanea cuya única actividad estaba vinculada a criminalizar y desprestigiar al COPINH y a Berta.

Además de la deslegitimación, también hubo una clara estrategia de criminalización mediante la creación de pruebas incriminatorias o el uso indebido de los tipos penales existentes. Las diferentes causas judiciales abiertas contra esta defensora mediante las estrategias señaladas fueron finalmente sobreseidas (20).

El indígena costarricense Sergio Rojas también enfrentó una fuerte campaña de criminalización que buscaba detener el trabajo del pueblo de Salitre en la recuperación de los territorios que por ley les corresponden, pero que en la práctica se encuentran en manos de personas no indígenas. El proceso de criminalización inició con una denuncia por malversación de fondos. Sin embargo, a pesar de que nunca se llegó a formular una acusación en su contra el defensor estuvo en prisión preventiva durante 6 meses (21).

Personas defensoras de la tierra y el ambiente en Shelter City Costa Rica: una opción de protección integral y reubicación temporal

Shelter City Costa Rica es un programa de protección integral y reubicación temporal dirigido a personas defensoras de derechos humanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En el marco de este programa las personas defensoras son reubicadas en Costa Rica por un plazo mínimo de tres meses y máximo de seis meses. Durante su estancia en Costa Rica un equipo interdisciplinario especialista en seguridad integral (digital, física, psico-emocional, legal) acompaña a las personas defensoras en el fortalecimiento de sus capacidades para la protección en el marco del trabajo que realizan en sus países.

Hasta el momento el programa Shelter City Costa Rica ha recibido cinco personas defensoras de los territorios, el ambiente y los pueblos indígenas: tres de Honduras, una de Guatemala y una de Nicaragua. Todas estas personas tienen en común el hecho de haber sufrido persecución y amenazas por su trabajo de defensoría.

La experiencia y el relato de estas cinco personas defensoras nos han permitido constatar la gravedad de la situación que enfrentan cotidianamente quienes defienden el ambiente y la tierra. Así lo evidencian los testimonios de José de Nicaragua y Amanda de Guatemala.

Nosotros trabajamos desde años anteriores con temas de empoderamiento sobre la Ley 445, que es una ley que está creada por el estado de Nicaragua del año 2003, para demarcar y titular las tierras indígenas

Esas amenazas se traducen en muchas cosas, inseguridad, miedo, dejar el trabajo, presiones familiares, de amigos, de personas que están en puesto del gobierno y uno conoce, que ya te vienen a marcar con su dedo de que sos enemigo. Toda esa situación a uno lo afecta, más ver personas muertas, sangre (…) te afecta la vida”. José, Nicaragua.

Estaba viviendo una situación de riesgo en mi pueblo, por la situación de defensa del agua que tenemos ahí (…) necesitaba resguardar mi seguridad física y también mi seguridad emocional, ya que estaba yo padeciendo de un montón de situaciones por la violencia psicológica que han tenido conmigo”. Amanda, Guatemala.

La experiencia de las tres personas defensoras hondureñas ha sido similar. Germán ha trabajado por largo tiempo en la oposición a diferentes proyectos extractivistas. Por esa razón, ha sufrido amenazas constantes, incluso de muerte, e intimidaciones por parte de personas desconocidas y también por parte de la policía. Ethlen acompaña iniciativas para denunciar la ocupación militar de los territorios de su pueblo y los abusos que los militares cometen contra personas de la comunidad. Desde hace años recibe fuertes amenazas contra ella y contra sus familiares, también por parte de personas anónimas y de la policía. Finalmente, Ians realiza una labor de defensa y acompañamiento a personas que hacen la labor de cuidar y defender los bienes naturales. Además, de fuertes amenazas, este defensor fue víctima de ataques directos contra su persona como un secuestro.

El impacto psicosocial de estas amenazas a la población es enorme. Atraviesa a las personas defensoras, se extienden a sus familias y comunidades, así como a las organizaciones a las que pertenecen. La vivencia de la violencia a todos los niveles tiene su efecto en la salud física y mental, afecta el tejido social porque inhabilita a las personas y familias a enfrentar con optimismo el presente y futuro, repercutiendo directamente en la creación de ideas e iniciativas de las comunidades para desarrollarse plenamente y desde la autonomía. La depresión, ansiedad, normalización de la violencia y desesperanza son impactos psico-emocionales que enfrentan las personas que defienden la vida.

Exigimos el cese de la represión y la persecución contra estas personas defensoras, cuyo trabajo es cada día más importante para garantizar la sostenibilidad de la vida y del planeta.

1 FDL (2019). Análisis global 2018. Disponible en https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/global-analysis-2018

2 Ibíd.

3 Global Witness (2018). At whats cost? Disponible en https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/at-what-cost/

4 En 2017 los países con tasas de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente más altas fueron Nicaragua y Honduras con 0.67 asesinatos por millón de residentes y 0.56 asesinatos por millón de residentes respectivamente (Global Witness, 2018).

5 Ibíd.

6 Global Witness (2017). Defender la tierra. Disponible en https://www.globalwitness.org/fr/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/

7 Ibíd.

8 Goldman Environmental Prize (19 de abril de 2015). Berta Cáceres, galardonada del Premio Goldman 2015, Honduras [Video]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=S-2Muwo1jls

9 Palma, J. L. (2017). La minería en Honduras: análisis espacial de su conflictividad territorial desde la perspectiva de las Ciencias de la Información Geográfica. Recuperado de https://www.lamjol.info/index.php/CE/article/view/5895

10 COPINH (2018), Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte. Disponible en https://copinh.org/2018/11/comunicado-ante-el-fallo/

11 Global Witness (2017). Defender la tierra. Disponible en https://www.globalwitness.org/fr/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/

12 Chacón, V. (2016). ¿Por qué se asesinan ambientalistas en Costa Rica?. https://semanariouniversidad.com/pais/por-que-se-asesinan-ambientalistas-en-costa-rica/

13 Knox, J. H. (2014). Informe sobre Costa Rica del Relator de Naciones Unidas sobre ambiente y Derechos Humanos. Disponible en http://derechoaldia.com/index.php/constitucional/constitucional-doctrina/519-informe-sobre-costa-rica-del-relator-de-nnuu-sobre-ambiente-y-ddh

14 FRENAPI y 182 organizaciones (2019). Comunicado conjunto ante el asesinato de Sergio Rojas. Archivo pdf.

15 CIDH (2015). Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf. p. 12

16 Ibíd.

17 COPINH (2016). COPINH - rébellion indéfectible [Video]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=DLtHCNQFiY8

18 Meza, D. (2015). Cardenal prohíbe a feligreses organizarse en COPINH y escuchar las radios indígenas. Disponible en https://tinyurl.com/y75a25p5

19 Gallagher, E. (2017). Fake Twitter Hondureño: La campaña digital contra Berta Cáceres y COPINHhttps://medium.com/@erin_gallagher/fake-twitter-hondure%C3%B1o-la-campa%C3%B1a-digital-contra-berta-c%C3%A1ceres-y-copinh-3911ad7db456

20 Mendoza, C. (2016). Río Blanco: la reconstrucción histórica de la lucha por la defensa del Río Gualcarque. Disponible en http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/02/Rio-Blanco-Final.pdf

21Pomareda, F. (2019). Lucha reivindicativa por la tierra de Sergio Rojas significó violencia y criminalización en su contra. Disponible en http://www.informa-tico.com/19-03-2019/lucha-reivindicativa-tierra-sergio-rojas-significo-violencia-criminalizacion-su

Fundación Acceso es una organización que trabaja en la mitigación de la violación a derechos vinculados con la seguridad física, tecnológica y psicológica.

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